La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), en su artículo 12o reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad e insta a los Estados parte a tomar las medidas necesarias para que, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente tanto sus derechos personales como patrimoniales. A través de la Ley General de las Personas con Discapacidad (2012), el ordenamiento jurídico peruano reconoce la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y su igual tratamiento ante la ley. Sin embargo, no fue hasta el Decreto Legislativo 1384 (2018), que se introdujeron las modificaciones pertinentes que hicieran posible que las personas con discapacidad pudieran ejercer por sí mismas sus derechos. En ese sentido, conforme a la nueva regulación, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio, incluyendo a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida (primer párrafo artículo 42o del Código Civil). Sin embargo, este cambio de paradigma necesariamente impacta en el ordenamiento jurídico en su totalidad, tal como sucedería sobre la imputabilidad en el ámbito penal. Cuestión que adquiere importancia al momento de advertir que esto implicaría reinterpretar la capacidad de imputabilidad como presupuesto de atribución de responsabilidad penal en la comisión de un delito y todos los efectos que ello supone.