El reconocimiento de la economía social de mercado como modelo económico constitucionalizado en el Perú refiere a que lejos de la idea de un enfoque puramente liberal, deba considerarse criterios sociales a modo de garantías exigibles que eleven los Derechos Humanos hacia un enfoque capaz de integrar, por un lado, la defensa de la propiedad y del mercado, por otro lado, el respeto de los derechos sociales, en el marco del estado social y democrático de Derecho. Estos objetivos, por el momento más declarativos, podrían requerir para ser efectivos, de una mayor actuación del Estado en virtud de su rol de garante de la seguridad dentro del contrato social.